El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó su preocupación por la dificultad que tuvo la población con discapacidades para tener acceso a la salud, el empleo y la educación en 2020.

El pronunciamiento lo hizo el funcionario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

“En el último año nuestros esfuerzos en la Defensoría del Pueblo se han centrado en atender a las personas con discapacidad porque el Covid agravó los problemas de acceso a la salud, a los programas sanitarios y a la información relacionada con estos, poniendo en peligro el derecho a la salud o aumentando las tasas de mortalidad de esta población”, dijo el Defensor.

Camargo añadió que durante la pandemia, “las personas con discapacidad han tenido significativos problemas que los afectan. Por ejemplo, en relación con la propia subsistencia y considerando el alto grado de informalidad laboral que padece un alto número de personas con discapacidad, se han visto privadas del acceso a unos mínimos apoyos financieros, a ayudas alimentarias e incluso al ejercicio de actividades que venían ejerciendo, como servicios varios o las ventas ambulantes”.

Hizo mención a que igualmente tuvieron menos posibilidad de acceder a la educación en línea, por las barreras que impiden contar con dispositivos de las tecnologías de la información.

“Otra de las problemáticas que padecen las personas con discapacidad es la discriminación, la persistencia de estereotipos y manejo de lenguaje inapropiado por parte de un sector de las autoridades y de la sociedad. También están las barreras físicas y actitudinales, la accesibilidad altamente restringida en los espacios y edificios públicos, la vivienda, el transporte público y la información; las dificultades para la integración al sistema educativo, al trabajo y la seguridad social, y los obstáculos en el acceso a la justicia y a los mecanismos de protección a sus derechos, entre muchos otros que, como sociedad, como país, debemos trabajar de forma conjunta para ir eliminando”, sostuvo.

La Defensoría del Pueblo reportó que en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpd), del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro), se cuentan 1,540.000 personas, de las cuales el 80 por ciento pertenecen a los estratos 1 y 2; y 43.927 de ellos aseguraron no tener acceso a ningún servicio público en su vivienda y 372.882, es decir, el 24 por ciento informaron no tener agua potable.